miércoles, 30 de julio de 2008

Otros dos hijos de desaparecidos recuperaron su identidad


CONFERENCIA DE PRENSA en Buenos Aires

Abuelas de Plaza de Mayo convoca a una Conferencia de Prensa a fin de dar a conocer el encuentro y restitución de la identidad de otros dos hijos de desaparecidos. Se trata de la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos, el 28 de febrero de 1977; y del hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Luis Goya, secuestrados entre abril y julio de 1980.
Los esperamos hoy, miércoles 30 de julio a las 16, en nuestra sede de Virrey Cevallos 592 PB 1.

Iniciarían causa penal a Florido por falsedad ideológica

El Concejo Municipal recibió el tercer informe de organismos estatales que constataría que el ex secretario de Comunicación Institucional, Rodolfo Florido, habría pertenecido a los servicios de inteligencia de la SIDE durante la última dictadura militar. Iniciarían una causa penal a través de Fiscalía.
Luego de casi cuatro meses del escándalo que se desató en Bariloche por la publicación del diario Página 12 que revelaba que el ex funcionario del Concejo habría formado parte de los servicios, el Concejo podría cerrar su intervención.
Durante este tiempo los ediles esperaron la confirmación de la acusación y habrían constatado mediante la ANSES, la Caja de la Policía Federal y un tercer organismo estatal que Florido habría omitido su pasado en la documentación presentada para ser funcionario.
Fuentes reservadas del Concejo, explicaron a ADN que la información que recibieron en la Comisión Legislativa confirmaría la “falsedad ideológica” del ex funcionario.
Ahora, los ediles que mantienen un estado de “reserva del expediente” a través de una resolución de la ex presidente del cuerpo, Silvana Camelli, analizan los pasos a seguir.
La primera medida sería elevar el expediente e instruir la causa a la Fiscalía o a la Procuración General de la Provincia para que se inicie una investigación y se determine si Florido incurrió en otro delito.
El polémico caso estalló a mediados de abril y el ex funcionario renunció ante la presión pública, aunque remarcó y ratificó no haber pertenecido a los servicios de inteligencia de la Marina y del Ejército desde 1976, como indicaba el diario porteño.

viernes, 25 de julio de 2008

Un claro día en que se hizo justicia

Página12, 25 de julio de 2008

CONDENARON A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ Y OTROS SIETE REPRESORES Y LOS ENVIARON A LA CARCEL
Por Diego Martínez - Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.
Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó "¡Por fin justicia!". Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.
El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.
Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de "operativos especiales" (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un "operativo ventilador", como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).
La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. "Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más", celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.
A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.
Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció que los fundamentos se conocerán el 31 de julio y comenzó a leer. En los ocho primeros puntos de la resolución, que fue unánime, rechazó planteos de los defensores. Cuando llegó el noveno, consciente de que iba a leer la sentencia más importante de su vida, hizo una pausa y respiró hondo. Una mano sabia apagó el aire acondicionado para que todos escucharan. "Noveno. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable (ayastrando la eye cordobesa) de los delitos", y enumeró: "privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad de partícipes".
Y siguió: "imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua". Y la sala explotó en un aplauso que se mezcló con abrazos y llantos. Pero faltaba la frutilla: "En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba".
El tribunal leyó por orden de jerarquías. Dictó cinco prisiones perpetuas, por los mismos delitos que a Menéndez, para los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y para el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, todos ex miembros del OP3. Al coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta los condenó a 22 años de prisión y al suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años, porque para las fechas de los homicidios habían cambiado de destino. Los cuatro años a favor de Vega son por su jerarquía, menor a la de los oficiales. El tribunal resolvió que todos cumplan su condena en la cárcel de Bower, la más moderna de la provincia. Hasta el comienzo del juicio, cuando por seguridad el tribunal concentró a los imputados en el Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación. "Señores, el juicio ha terminado", cerró Díaz Gavier, quien miró a los ojos a cada imputado mientras leía las condenas. La sala se puso de pie, los H.I.J.O.S. levantaron sus pañuelos, los familiares las fotos de sus víctimas, y a coro entonaron "como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar". Fue entonces cuando Díaz, el torturador de cogote macizo, se dio vuelta, sonrió y levantó los brazos con los dedos en V. Nadie le respondió. La música siguió con "Siga el baile siga el baile, al compás del tamborín, que tenemos la cabeza, de Luciano Benjamín". Mientras las cámaras de concentraban en el gobernador Schiaretti, con lágrimas en los ojos, Orosz arengó para salir a la calle "donde está la gente que hizo posible este juicio". Toda Córdoba lo siguió.

Ver Sentencia

sábado, 19 de julio de 2008

Abuelas solicitó la comparación del ADN de los jóvenes adoptados por Ernestina Herrera de Noble con el de familias que buscan hijos de desaparecidos

Buenos Aires, 18 de julio de 2008

Abuelas de Plaza de Mayo solicitó, el martes pasado, a la justicia que ordene un peritaje genético con el objetivo de que se compare el ADN de los jóvenes adoptados por Ernestina Herrera de Noble con el de 22 grupos familiares que buscan a los hijos de sus parientes desaparecidos por el terrorismo de Estado.
En su primera presentación en carácter de parte querellante en la causa en la cual se investiga si los niños adoptados por Ernestina Herrera de Noble durante la dictadura militar son hijos de desaparecidos, y luego de un detallado análisis del desarrollo de la investigación, Abuelas solicitó el pasado martes que la medida se realice en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tal como lo establece la ley, y no en el Cuerpo Médico Forense, que no realiza ese tipo de estudios, sino que lo terceriza en un grupo de empresas privadas, con lo que se resienten el control y la calidad del peritaje.
En el escrito, Abuelas recordó que a lo largo de la investigación se recogieron numerosos elementos que revelan diferentes irregularidades en el procedimiento de adopción de Marcela y Felipe Noble Herrera.
También recordaron las Abuelas que incluso la propia Ernestina Herrera de Noble reconoció públicamente, a través de una carta abierta publicada en su diario, la posibilidad de que los jóvenes sean hijos de desaparecidos. La carta fue publicada el 12 de enero de 2003 en el diario Clarín, poco después de que la Cámara de San Martín revocara la detención de Herrera de Noble ordenada el entonces juez federal Roberto Marquevich.
Abuelas se había presentado como querellante en diciembre del año pasado, pero un recurso de apelación interpuesto por la defensa de la empresaria contra esa presentación y otras cuestiones procesales le impidieron realizar presentaciones con anterioridad.
En noviembre, con un arbitrario fallo, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que el análisis de los jóvenes se realizara en el Cuerpo Médico Forense y sólo con dos grupos familiares, en una abierta violación de la ley que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Ahora Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al juez federal de San Isidro Conrado Bergesio que el análisis se realice con otras de las posibles familias biológicas de los jóvenes y en el lugar que ordena la ley 23.511: el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Baja el escrito presentado por Abuelas

viernes, 18 de julio de 2008

RESPUESTA DE ESTELA DE CARLOTTO A LA REVISTA NOTICIAS

En la revista Noticias del sábado 28 de junio, salió publicada una nota titulada "El escudo ético del Gobierno" que, con datos erróneos intentó desprestigiar a nuestra Asociación acusándola de ser manipulada por el gobierno Nacional y tildándola de obsecuente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además se incluyeron agravios a nuestra presidenta Estela Barnes de Carlotto, e información errónea sobre su familia.
Por tal motivo, la Asociación en respuesta a los agravios ha enviado una carta, que deseamos difundir.
Buenos Aires, 8 de julio de 2008.

A los señores
Presidente de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia
Editor Responsable, Dr. Luis Ángel Moretti
Jefe de Redacción de la Revista Noticias, Gustavo González

Presento esta carta en ejercicio de mi derecho a respuesta, previsto en el articulo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido en su operatividad ampliamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante las informaciones inexactas y agraviantes a mi honra y reputación publicadas por su revista del número de fecha 28 de Junio de 2008.

Abuelas de Plaza de Mayo lleva más de 30 años en la dolorosa y dura tarea de buscar a nuestros hijos y nietos secuestrados durante la dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Durante ese período el terrorismo de Estado victimizó al país para cumplir con un plan económico de entrega e hizo desaparecer a 30.000 opositores, apropiándose de más de 400 de sus hijos.

Aún con riesgo de correr la misma suerte que ellos, nosotras las madres-abuelas fuimos contestatarias a ese horror manifestando dentro y fuera del país lo que acontecía en la Argentina. Así los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional, Cruz Roja entre otros, presidentes de Italia como Sandro Pertini, parlamentarios de los países escandinavos, España, Francia y otros escucharon muestras voces que clamaban ayuda, comprensión, apoyo.

Fuimos parte de una sociedad que consiguió el retorno de la democracia en diciembre de 1983. Se vieron nuestras pancartas en la Plaza de Mayo, vivando el regreso de la libertad, sin bandería política, solo la esperanza de un Estado de Derecho. El diálogo con las autoridades constituidas desde entonces fue permanente, la historia registra audiencias con el Dr. Raúl Alfonsín, el Dr. Carlos Menem, el Dr. Fernando De la Rua y el Dr. Eduardo Duhalde. Siempre para apoyar el proceso democrático y hacer saber nuestras demandas.

Y la misma actitud asumimos con el Dr. Néstor Kirchner, solo que grande fue nuestra satisfacción cuando fuimos testigos de una clara decisión política de terminar con la impunidad. Creo innecesario enumerar todos los actos de gobierno que permitieron el afianzamiento de la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Memoria. Fuimos y somos permanentemente convocadas, consultadas e invitadas a ser parte de una historia de reparación ciudadana.

Por ello considero que interpretar nuestro apoyo a esa gestión, no a un partido político, como que somos utilizadas y nos pasean exhibiéndonos como bandera es ofender nuestra dignidad en una lucha que jamás claudicó, negoció o bajó los brazos.

Abuelas de Plaza de Mayo mantiene su postura crítica a muchas políticas públicas o deudas del Estado de Derecho. Son públicos nuestros reclamos a una reforma sustancial al funcionamiento de la justicia penal, que incumbe a los tres poderes del Estado; así como nuestra postura crítica a la situación de riesgo que viven muchos testigos y víctimas de la represión ilegal frente al actual accionar de grupos parapoliciales que siguen contando con impunidad y posibilidad de organizarse.

Con marcada mala intención la nota pretende desprestigiar a los militantes de las organizaciones sociales alegando que el gobierno les dio cargos y dinero a cambio de un apoyo total, dando cifras inexactas en cuanto al subsidio que por ley Abuelas de Plaza de Mayo recibe del Estado.

Es conveniente aclararle a Noticias que desde el año 1998, mediante el proyecto de Fondo de Reparación Histórica para Abuelas de Plaza de Mayo, del entonces diputado Sebastián Galmarini, el Congreso de la Nación sancionó el 9 de diciembre de ese año, la ley Nº 25.066 nos otorgó un subsidio que fue pagado y rendido regularmente.

En el año 2007, por ley 26.198 Art. 81 Decreto Nº 1/2007, el Estado nos entregó en seis cuotas $ 1.410.000 y en el año 2008 la contribución del Estado, ley 26.337, nos transferiría $ 1.642.000 en seis cuotas.

Del exterior, las Naciones Unidas, las Iglesias Evangélicas de Estados Unidos de Norteamérica y otros nos apoyan con proyectos similares, siendo la Unión Europea la que por proyecto de tres años, entre 2003 y 2006, nos aportó € 640.000.

Toda esta información más detallada figura en los balances, las rendiciones correspondientes y en nuestra página web. Además falta a la verdad cuando asegura que una Abuela se fue por disidencia. Pero la malicia de la autora de la nota, María Fernanda Villosio, con la anuencia de sus jefes, no descansa en querer desprestigiar nuestra Asociación, sino sembrar cizaña queriendo enemistarnos con los dichos de una Abuela u otras supuestas Abuelas que hablaron con ella off de record, desmereciendo mi conducta institucional, hablando de un éxodo inexistente. Si fuera una periodista con condiciones éticas hubiera investigado los avances de nuestras tareas desde 1989, año en que fui elegida presidenta, hasta nuestros días. Cabe destacar además que la nuestra es una Asociación democrática que elige sus autoridades todos los años, en el mes de mayo, quedando asentada dicha elección en las actas de la institución y que cada Abuela puede postularse para ocupar un cargo en la Comisión Directiva. Por otra parte, semanalmente realizamos una reunión las integrantes de dicha comisión a efectos informativos y resolutivos.

Agrega la periodista una afirmación que me produce asombro cuando asegura que el Dr. Spacavento, director del Hospital Argerich, no aceptó una designación a un cargo por no haber contado con mi aprobación. Febril imaginación contaminada de mentiras. Como la de suponer que llamo al ex presidente por su nombre de pila y que soy dueña de su voluntad.

Ahora quiero abordar un agravio más personal porque se trata de mi familia. Tuve cuatro hijos. Laura que fue secuestrada y asesinada por la dictadura militar después de nueve meses de cautiverio, durante el cual nació su hijo Guido el que le fue robado a las pocas horas. Es el nieto que hace 30 años estoy buscando junto a mis compañeras las Abuelas de Plaza de Mayo. Los otro tres, Claudia, Guido y Remo tuvieron una militancia política durante la dictadura militar en oposición al régimen genocida. Los Organismos de Derechos Humanos los recordarán manifestando sus pensamientos junto a ellos.

Claudia milita desde hace 25 años en Abuelas voluntariamente y trabaja en el Estado (Dirección, Subsecretaria o Secretaría de Derechos Humanos, según los distintos gobiernos) desde 1992, año en que se creó un espacio estatal para la búsqueda de nuestros nietos, siendo por concurso coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad desde 1994. La periodista sabrá qué gobiernos transitaron desde entonces.

Guido fue congresal nacional del PJ en 1991, asesor en el Ministerio de Salud y Acción Social, Subsecretario de Desarrollo Social en la Municipalidad de La Plata entre 2001 y 2003, Concejal en el Consejo Deliberante del Municipio de La Plata, en 2005 candidato a diputado Provincial por La Plata, Presidente del Bloque de Concejales del PJ entre 2005 y 2007 y actualmente senador en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Cargos estos últimos obtenidos por el voto popular. Además, desde 2004 hasta la actualidad Secretario de Derechos Humanos del PJ de La Plata.

Remo trabajó militó en Abuelas de Plaza de Mayo, desde el retorno de la democracia. Trabajó ad honorem en la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre 2001 y 2003, fue Secretario de Derechos Humanos de la misma, entre 2003-2005, y es actualmente Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por voto popular.

Mis hijos antes de que yo fuera Abuela de Plaza de Mayo asumieron los riesgos de una militancia en la dictadura y un compromiso con la democracia padecieron el exilio, la persecución política, la pérdida de compañeros. Tuvieron una identidad política. No son los “hijos de Estela”. Son ciudadanos que se han puesto al servicio del camino democrático.

Por todo lo expuesto es que reitero mi pedido de publicación en el mismo espacio y página de lo expresado precedentemente.

sábado, 12 de julio de 2008

Otra nieta recuperó su identidad

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicamos con alegría que el pasado 27 de mayo se restituyó la identidad de otra nieta nacida en cautiverio, Laura Ruiz Dameri. Se trata de la hija de Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz, nacida en agosto de 1980 durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El matrimonio fue secuestrado cuando Silvia estaba embarazada de cinco meses, junto a sus dos hijos Marcelo y María de las Victorias, ambos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo en 1989 y 2000, respectivamente.
Desde hace tiempo las Abuelas teníamos la sospecha de que Laura era la hermana que Marcelo y María de las Victorias estaban buscando, pero la joven, apropiada por el ex prefecto Antonio Azic se negaba a realizarse el ADN para confirmar su identidad. Felizmente, la titular del juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal, María Romilda Servini de Cubría, ordenó realizar un procedimiento judicial para obtener pruebas de ADN a través de objetos de Laura; y ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado que la joven incluye en un 99,999999999 % en la familia Ruiz-Dameri.
El caso de la familia Ruiz Dameri es tal vez uno de los más emblemáticos de apropiación, los tres niños fueron llevados a diferentes puntos del país deliberadamente, para evitar que la familia en algún momento se reuniera. Pero la verdad tarde o temprano sale a la luz, los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar.

"Seguramente cuando las manos impunes de la dictadura separaron deliberadamente a los tres hermanos: Marcelo, Maria de las Victorias y “Laura” Ruiz Dameri jamás imaginaron que dos décadas después la memoria, la verdad y la justicia los volvería a unir.Marcelo fue localizado en 1989 y Maria de las Victorias en el año 2000.Gracias a la lucha inclaudicable y la acción de hacer lo que corresponde las ABUELAS lograron reunir la última pieza del rompecabezas, separado por años de impunidad.En breve Laura, nacida en la ESMA y cuyo apropiador ya esta a disposición de la justicia, se encontrará con sus hermanos, su sobrina recién nacida y el resto de la familia.Este es un aliciente de la larga lucha que aún nos queda por librar “…vamos a ir en pos de buscar hasta el último de ellos, que hoy tienen falseada la identidad”.
Por Juan Cabandié

CASO FLORIDO

La Red por la Identidad de los Lagos del Sur y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comunicamos que hemos realizado una presentación ante el Concejo Municipal respecto de la repudiable presencia de Rodolfo Patricio Florido en nuestra ciudad. A continuación adjuntamos el texto completo de la nota, agradeciendo su amplia difusión.

CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Presidente
Conc. Silvana Camelli
Cc a todos los bloques

Ante la grave situación que atraviesa nuestro municipio por la presencia del Sr. Rodolfo Patricio Florido en Bariloche y su vergonzoso nombramiento como responsable de prensa del Concejo Municipal, las organizaciones abajo firmantes solicitamos a este cuerpo que lleve adelante las acciones necesarias para que la comunidad, a través de sus legítimos representantes, ratifique con claridad y contundencia su voluntad de esclarecimiento de los hechos denunciados y de no tolerar, bajo ninguna circunstancia, la convivencia en nuestra sociedad con personas que participaron de las acciones del terrorismo de estado, mucho menos aún premiándolos a través del desempeño de los mismos en cargos públicos.
Destacamos que, además de constituir una alevosa contradicción con la vida democrática, dicha designación se encuentra expresamente prohibida por nuestra Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 26, inciso 8 dice que se encuentran inhabilitados para ejercer los cargos previstos en la Carta Orgánica (léase: todos los funcionarios de carácter político del municipio) quienes: “hubieran participado en los gobiernos de facto o de alteración de la vida democrática, entendiéndose por tales a quienes hayan ocupado cargos que debieran haber surgido del voto popular, y a las personas que ejercieron funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios y que no estuvieran comprendidas en los estatutos, convenios colectivos y/o normas de derecho administrativo”. En este sentido, y teniendo en consideración el espíritu de la ley en la sanción de la nueva Carta Orgánica, corresponde la aplicación directa de dicha norma o, en su caso, la aplicación analógica de sus principios y consecuentes jurídicos.
Como resulta de público conocimiento, en función de lo reflejado por el diario de alcance nacional “Página 12”, a través de una investigación propia que no ha podido ser desvirtuada en ningún punto por el Sr. Rodolfo Florido, esta persona ha formado parte indubitablemente de los servicios de Inteligencia del Ejército y de la Armada durante los años de dictadura que esas fuerzas impusieron en nuestro país, y finalmente se jubiló como integrante de la Policía Federal, figura que le cabe también a quienes prestaron funciones como servicios de inteligencia. Es una realidad que todos aquellos que actuaron en la represión ilegal no lo manifiestan e intentan insertarse en la sociedad, sea para continuar con sus actividades de inteligencia, sea para esquivar la acción de la justicia o la condena de la sociedad en su construcción de memoria colectiva. Por ello entendemos que Florido haya podido sostener en Bariloche actividades diversas, hasta de carácter público en el caso de sus programas periodísticos, en tanto evidentemente ha ocultado sus acciones vinculadas a la represión.
Sin embargo, resulta inaceptable para la sociedad su designación como responsable de prensa del Concejo, en tanto un lugar de tal responsabilidad pública debería haber merecido un pedido de información más exhaustivo por parte de sus integrantes o, al menos, una vez hecho público su accionar durante la dictadura militar se debiera haber actuado con mayor energía y celeridad en desvincularlo de su cargo, además de promover las denuncias correspondientes y repudiar el ocultamiento de la información en su currículum.
No obstante lo expuesto, creemos que nuestros representantes estarán siguiendo los tiempos de la investigación y cuentan aún con la oportunidad de actuar de un modo responsable, ajustado a derecho y comprometido con los valores democráticas que juraron sostener. Como aporte desde nuestras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, nos parece oportuno entonces solicitar de ese Concejo se lleven adelante, en función del caso propuesto, las siguientes acciones, acorde la oportunidad y la responsabilidad que como representantes del pueblo hoy les compete:
- Declarar persona no grata a Rodolfo Patricio Florido, por su accionar durante la dictadura oligárquico militar, como integrante de los servicios de inteligencia del Ejército y la Armada.
- Formular la denuncia correspondiente ante la Justicia para que se investigue si hubo ocultamiento de información al momento de pretender el cargo de Responsable de Prensa del Concejo Deliberante de Bariloche.
- Pedir informes al Poder Ejecutivo Municipal respecto de si se mantienen pautas de publicidad oficial en los medios de comunicación y/o programas de radio, tv o notas gráficas a cargo de Rodolfo Patricio Florido, en tanto se entiende que este tipo de aportes hacen al mantenimiento de relaciones contractuales entre el citado periodista y el poder público.
- Llevar adelante las acciones necesarias para poner en conocimiento a la Justicia Federal de la presencia de Rodolfo Patricio Florido en Bariloche a fin de que pueda ser investigado en causas de violación de derechos humanos durante la dictadura.

Entendemos que con estas acciones el Concejo Deliberante estará interpretando la voluntad de una sociedad que ha decidido, hace ya mucho tiempo y firmemente, convivir en democracia y con plena vigencia de los derechos humanos; que participa y se compromete para modificar situaciones de injusticia y promueve muchos de los valores que intentaran acallarse durante la dictadura.
En tanto nuestros representantes puedan comprender dichos valores y actuar conforme a la defensa de los derechos humanos, contarán con todo nuestro apoyo y colaboración para el ejercicio de sus funciones. En esta convicción nos despedimos, quedando a la espera de una respuesta y saludándolos cordialmente.

Red por la Identidad de los Lagos del Sur -
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos